En la actualidad existen en nuestro país una cantidad considerable de derechos mineros vigentes, de los cuales muchos representan concesiones, otros son contratos mineros y unos pocos corresponden a contratos otorgados por el antiguo Ministerio de Energía y Minas (MEM). Estos derechos totalizan una superficie aproximada de 1.363.005 hectáreas. Del total de estas tierras, cerca del 90% están totalmente inactivas, es decir, en todos estos años los “ocupantes” de estas grandes áreas no han hecho absolutamente nada, no removieron una sola piedra ni cavaron solo un hueco, no realizaron los trabajos que el Estado Venezolano les asignó, lo que constituye una evidente trasgresión a las Leyes venezolanas.
Es evidente y público cual es la práctica de muchas de estas empresas controladas por transnacionales o grupos privados venezolanos, los cuales ostentan el control de las tierras para especular en las bolsas de valores del mundo sin aprovechar productivamente estas superficies. Mientras tanto, y en consecuencia de esto, se acumula una larga lista de irregularidades que impactan muy negativamente al País y sobre todo a la vida de los pequeños mineros. En muchas áreas la producción registrada difiere de la producción real; los precios de venta de los minerales son inferiores a los precios de mercado; grandes extensiones fueron otorgadas a pocos concesionarios; desconocimiento del destino de la producción de los minerales; exploración irracional de los yacimientos; empresas constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales. Es decir, depredación ambiental; contrabando; descontrol sobre la producción, sobre el territorio y la defensa nacional; graves problemas de analfabetismo, criminalidad, prostitución, tráfico, trabajo infantil. Estos resultados son muy contradictorios con la gran potencialidad de la minería en nuestro país: por un lado, la inmensa fortuna del subsuelo Venezolano; por otro, miles de compatriotas que se encuentran aún abandonados en la miseria en las distintas poblaciones al sur del Estado Bolívar.
Desde el aspecto económico igualmente se verifica la paradójica pobreza de la población, frente a la colosal riqueza de que representan los recursos minerales. Aunque la contribución de la actividad minera al Fisco ha aumentado en los últimos años, los impuestos mineros liquidados como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) son muy bajos. Además de esto, hoy día la minería tiene impacto insignificante en la generación de empleos directos e indirectos, alcanzando menos del 1% de la Población Económicamente Activa. La minería podría aportar mucho más a la sociedad y la economía venezolana, pero, por las razones anteriormente descriptas, su contribución es históricamente baja.
Debido a la mala conducción de la política minera desde hace muchos años, actualmente la actividad minera es nociva al país. Por esto, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Reforma de la Ley de Minas, que actualmente se encuentra en la asamblea nacional y que se elaboró en conjunto con las comunidades de pequeños mineros, se afirma que "la existencia de explotaciones al margen de la Ley nos enfrenta al hecho de que gran parte de la actividad minera que se desarrolla actualmente es una actividad ilegal".
Es evidente y público cual es la práctica de muchas de estas empresas controladas por transnacionales o grupos privados venezolanos, los cuales ostentan el control de las tierras para especular en las bolsas de valores del mundo sin aprovechar productivamente estas superficies. Mientras tanto, y en consecuencia de esto, se acumula una larga lista de irregularidades que impactan muy negativamente al País y sobre todo a la vida de los pequeños mineros. En muchas áreas la producción registrada difiere de la producción real; los precios de venta de los minerales son inferiores a los precios de mercado; grandes extensiones fueron otorgadas a pocos concesionarios; desconocimiento del destino de la producción de los minerales; exploración irracional de los yacimientos; empresas constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales. Es decir, depredación ambiental; contrabando; descontrol sobre la producción, sobre el territorio y la defensa nacional; graves problemas de analfabetismo, criminalidad, prostitución, tráfico, trabajo infantil. Estos resultados son muy contradictorios con la gran potencialidad de la minería en nuestro país: por un lado, la inmensa fortuna del subsuelo Venezolano; por otro, miles de compatriotas que se encuentran aún abandonados en la miseria en las distintas poblaciones al sur del Estado Bolívar.
Desde el aspecto económico igualmente se verifica la paradójica pobreza de la población, frente a la colosal riqueza de que representan los recursos minerales. Aunque la contribución de la actividad minera al Fisco ha aumentado en los últimos años, los impuestos mineros liquidados como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) son muy bajos. Además de esto, hoy día la minería tiene impacto insignificante en la generación de empleos directos e indirectos, alcanzando menos del 1% de la Población Económicamente Activa. La minería podría aportar mucho más a la sociedad y la economía venezolana, pero, por las razones anteriormente descriptas, su contribución es históricamente baja.
Debido a la mala conducción de la política minera desde hace muchos años, actualmente la actividad minera es nociva al país. Por esto, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Reforma de la Ley de Minas, que actualmente se encuentra en la asamblea nacional y que se elaboró en conjunto con las comunidades de pequeños mineros, se afirma que "la existencia de explotaciones al margen de la Ley nos enfrenta al hecho de que gran parte de la actividad minera que se desarrolla actualmente es una actividad ilegal".
DEBEMOS RESCATAR LA SOBERANÍA NACIONAL SOBRE LOS RECURSOS MINERALES. Este planteamiento lo podemos basar en lo expresado por el Libertador Simón Bolívar el 24 de octubre de 1829 en aquel memorable Decreto en la ciudad de Quito, donde determinó que "la propiedad sobre las minas de cualquier clase pasa al dominio de la República". Aunque esto consta en la Ley de Minas actual –concebida bajo los principios de la Constitución de 1961– el célebre mandato del Libertador no ha sido respetado. A más de 180 años después, el MIBAM y la Revolución Bolivariana deben defender la efectiva nacionalización de nuestras riquezas y la creación de un régimen transitorio, que sustituya las actuales concesiones mineras por empresas mixtas y asociaciones estratégicas donde la revolución conserve siempre la mayoría accionaria. La salida definitiva debe ser "No más concesiones".
ES URGENTE ERRADICAR EL LATIFUNDIO MINERO. Estudios demuestran que el 71,1% de los derechos mineros vigentes (cerca de 988.921 hectáreas) son latifundios mineros y que un 20,3% se encuentra en manos de cuatro grandes grupos privados de Venezuela, Rusia, Canadá y Holanda. El control de estas importantes áreas por el Estado venezolano es de fundamental interés estratégico. Abarca los equilibrios social, político, económico, territorial, internacional. Nuestra orientación debe ser intensificar la revisión de todos los contratos, de todas las concesiones, activas o inactivas, otorgadas a transnacionales o a grupos privados nacionales, para que el Estado asuma soberanamente su absoluto control, respetando las empresas que trabajan y cumplen apropiadamente sus funciones;
VAMOS A PROMOVER Y CONSOLIDAR LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ALTERNATIVA. Debemos plantearnos esta posibilidad por la vía de la consolidación de empresas de producción social y de Empresas de Propiedad Social Directa Comunal por intermedio de las comunas socialistas mineras como las células fundamentales del nuevo modelo productivo rumbo a la consolidación del Socialismo y del nuevo Sistema Económico Comunal que debemos consolidar a partir de las Leyes del Poder Popular aprobadas en diciembre del año 2010. De esta forma debemos garantizar la estabilidad y el asentamiento territorial de miles de pequeños mineros, proporcionando su organización y participación ciudadana, y suministrando la infraestructura necesaria para satisfacer dignamente sus necesidades y su relación armoniosa con el medioambiente. Además de generar masivamente empleos productivos y estables, de contribuir con su capacitación profesional, de apoyar integralmente la construcción de viviendas, Escuelas Bolivarianas, módulos de Barrio Adentro, Casas de Alimentación, el Hospital del Sur, sistemas de transporte público, tiendas de la red Mercal, Servicios Públicos Fundamentales, Recuperación y Ampliación de la Red Vial es necesaria la creación de una nueva relación entre los mineros y el Estado Revolucionario.
ES NECESARIA Y URGENTE LA CREACIÓN DE UN NUEVO MARCO LEGAL Y REGULATORIO. Reforzar la Institucionalidad, la responsabilidad y el control del Estado Revolucionario en materia minera a través de la Reforma de la Ley de Minas, que tiene como propósito favorecer, apoyar y beneficiar los intereses de los pequeños mineros, hasta hoy asfixiados por grandes grupos privados y empresas transnacionales. Enmarcada en las iniciativas del Gobierno Bolivariano de pagar la deuda social acumulada durante muchas décadas, la Reforma de la Ley de Minas ha sido elaborada con la participación de los pequeños mineros en extensas y productivas jornadas de debate que se desarrollaron en el sur de nuestro Estado Bolívar en el año 2005.
ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD. Esta debe estar representada por la consolidación de la Empresa de Producción Social Minera Nacional, por la creación urgente de la Corporación Nacional del Oro que ya ha anunciado el Comandante Presidente, el relanzamiento definitivo de la Fundación Misión Piar y la conformación de las novísimas Empresas de Propiedad Social Directa Comunal junto a las Comunas Socialistas Mineras al sur del Estado Bolívar. Estas estructuras tienen la función de facilitar el efectivo cumplimiento de la nueva Ley de Minas. La Empresa CVG MINERVEN debe ser, junto a los entes gubernamentales, la principal responsable para desarrollar la industria minera, a través de la exploración, explotación, aprovechamiento racional, sustentable y sostenible, del procesamiento e industrialización de los minerales -especialmente el oro, el diamante y ahora también del COLTAN- y de su comercialización. La Misión Piar debe terminar de llegar al seno de las comunidades que sobreviven en máxima exclusión social, brindar la formación técnico-productiva y socio-política a la pequeña minería, afín de transformar el modelo económico rentista y excluyente para convertirlo en un modelo productivo, endógeno y con relaciones igualitarias de producción.
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. Estas deben estar dirigidas a la cooperación y complementación para el desarrollo integral de la actividad minera como base para propiciar el encadenamiento industrial. Este es un significativo mecanismo de fomento de alianzas estratégicas con países hermanos, creando empresas grannacionales mineras, impulsando la formación de recursos humanos, la transferencia de tecnología y el creciente nivel de componentes nacionales en nuestra producción. Estas acciones conducen a la integración latinoamericana promoviendo el entendimiento con países de gran actividad minera como Chile, Bolivia, Nicaragua, Ecuador etc., para lo cual creo perfectamente factible el impulso de una instancia de encuentro latinoamericana minera que bien pudiera denominarse el ALBA MINERA. Venezuela presenta una nueva visión de las relaciones internacionales que diversifica los orígenes y destinos de sus exportaciones, importaciones e inversiones y, al mismo tiempo, diversifica su producción de bienes de mayor valor agregado. Ejemplos evidentes de esto, son los proyectos que el MIBAM desarrolla actualmente con Cuba, con Ecuador y con Bolivia, enmarcados en la edificación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
ES URGENTE ERRADICAR EL LATIFUNDIO MINERO. Estudios demuestran que el 71,1% de los derechos mineros vigentes (cerca de 988.921 hectáreas) son latifundios mineros y que un 20,3% se encuentra en manos de cuatro grandes grupos privados de Venezuela, Rusia, Canadá y Holanda. El control de estas importantes áreas por el Estado venezolano es de fundamental interés estratégico. Abarca los equilibrios social, político, económico, territorial, internacional. Nuestra orientación debe ser intensificar la revisión de todos los contratos, de todas las concesiones, activas o inactivas, otorgadas a transnacionales o a grupos privados nacionales, para que el Estado asuma soberanamente su absoluto control, respetando las empresas que trabajan y cumplen apropiadamente sus funciones;
VAMOS A PROMOVER Y CONSOLIDAR LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ALTERNATIVA. Debemos plantearnos esta posibilidad por la vía de la consolidación de empresas de producción social y de Empresas de Propiedad Social Directa Comunal por intermedio de las comunas socialistas mineras como las células fundamentales del nuevo modelo productivo rumbo a la consolidación del Socialismo y del nuevo Sistema Económico Comunal que debemos consolidar a partir de las Leyes del Poder Popular aprobadas en diciembre del año 2010. De esta forma debemos garantizar la estabilidad y el asentamiento territorial de miles de pequeños mineros, proporcionando su organización y participación ciudadana, y suministrando la infraestructura necesaria para satisfacer dignamente sus necesidades y su relación armoniosa con el medioambiente. Además de generar masivamente empleos productivos y estables, de contribuir con su capacitación profesional, de apoyar integralmente la construcción de viviendas, Escuelas Bolivarianas, módulos de Barrio Adentro, Casas de Alimentación, el Hospital del Sur, sistemas de transporte público, tiendas de la red Mercal, Servicios Públicos Fundamentales, Recuperación y Ampliación de la Red Vial es necesaria la creación de una nueva relación entre los mineros y el Estado Revolucionario.
ES NECESARIA Y URGENTE LA CREACIÓN DE UN NUEVO MARCO LEGAL Y REGULATORIO. Reforzar la Institucionalidad, la responsabilidad y el control del Estado Revolucionario en materia minera a través de la Reforma de la Ley de Minas, que tiene como propósito favorecer, apoyar y beneficiar los intereses de los pequeños mineros, hasta hoy asfixiados por grandes grupos privados y empresas transnacionales. Enmarcada en las iniciativas del Gobierno Bolivariano de pagar la deuda social acumulada durante muchas décadas, la Reforma de la Ley de Minas ha sido elaborada con la participación de los pequeños mineros en extensas y productivas jornadas de debate que se desarrollaron en el sur de nuestro Estado Bolívar en el año 2005.
ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD. Esta debe estar representada por la consolidación de la Empresa de Producción Social Minera Nacional, por la creación urgente de la Corporación Nacional del Oro que ya ha anunciado el Comandante Presidente, el relanzamiento definitivo de la Fundación Misión Piar y la conformación de las novísimas Empresas de Propiedad Social Directa Comunal junto a las Comunas Socialistas Mineras al sur del Estado Bolívar. Estas estructuras tienen la función de facilitar el efectivo cumplimiento de la nueva Ley de Minas. La Empresa CVG MINERVEN debe ser, junto a los entes gubernamentales, la principal responsable para desarrollar la industria minera, a través de la exploración, explotación, aprovechamiento racional, sustentable y sostenible, del procesamiento e industrialización de los minerales -especialmente el oro, el diamante y ahora también del COLTAN- y de su comercialización. La Misión Piar debe terminar de llegar al seno de las comunidades que sobreviven en máxima exclusión social, brindar la formación técnico-productiva y socio-política a la pequeña minería, afín de transformar el modelo económico rentista y excluyente para convertirlo en un modelo productivo, endógeno y con relaciones igualitarias de producción.
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. Estas deben estar dirigidas a la cooperación y complementación para el desarrollo integral de la actividad minera como base para propiciar el encadenamiento industrial. Este es un significativo mecanismo de fomento de alianzas estratégicas con países hermanos, creando empresas grannacionales mineras, impulsando la formación de recursos humanos, la transferencia de tecnología y el creciente nivel de componentes nacionales en nuestra producción. Estas acciones conducen a la integración latinoamericana promoviendo el entendimiento con países de gran actividad minera como Chile, Bolivia, Nicaragua, Ecuador etc., para lo cual creo perfectamente factible el impulso de una instancia de encuentro latinoamericana minera que bien pudiera denominarse el ALBA MINERA. Venezuela presenta una nueva visión de las relaciones internacionales que diversifica los orígenes y destinos de sus exportaciones, importaciones e inversiones y, al mismo tiempo, diversifica su producción de bienes de mayor valor agregado. Ejemplos evidentes de esto, son los proyectos que el MIBAM desarrolla actualmente con Cuba, con Ecuador y con Bolivia, enmarcados en la edificación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Venezuela posee en su subsuelo una riqueza mineral inmensa, que debe ser controlada por los venezolanos y puesta al servicio del desarrollo endógeno, de la construcción del nuevo país que queremos. Pertenecen a nuestro pueblo las reservas de bauxita, manganeso, caolín, oro, diamante, carbón, níquel, zinc, cobre, plata, arenas silíceas, cromo. Son de los venezolanos los estratégicos yacimientos de minerales de hierro, uranio, titanio, platino, plomo, estaño, cobalto, grafito, mercurio, magnesita, niobio y más recientemente el COLTAN que es un mineral altamente estratégico en la industria de las telecomunicaciones. Algunos de estos, incluso, integran el grupo de los llamados "minerales del futuro", relacionados con las posibles nuevas tecnologías de punta. Los países desarrollados en su mayoría son pobres en recursos naturales. Por esto, siempre tuvieron gran interés sobre nuestras riquezas.
http://www.aporrea.org/
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