Wilson Rojas, legislador de Amazonas, afirma que los miembros de las etnias son manipulados para sacar el recurso estratégico.
Tarifas en alza desde 2008
La intervención fue realizada en la comunidad indígena Pavoni que está ubicada en el norte del estado Amazonas, a pocos kilómetros de la frontera con el oeste de Bolívar. Los terrenos habían sido tomados para la práctica de la extracción ilegal de coltán. Wilson Rojas, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Consejo Legislativo del estado, levantó un informe y coordinó el desalojo de la mina no autorizada con funcionarios de la Guardia Nacional.
El procedimiento se ejecutó, de acuerdo con Rojas, en agosto del año pasado. Estaba claro que no sólo personas ajenas al lugar habían participado en la explotación. “Les pagaban entonces 80 bolívares por kilogramo a la gente de la comunidad y ellos se incorporaron a esa actividad”.
Los grupos de compradores del material estratégico -del coltán pueden extraerse columbio y tantalio, metales de gran valor para la industria electrónica, militar, médica y de telecomunicaciones- utilizan a los indígenas como fuerza de trabajo. En particular, a piaroas y jibis o goajibos. Residentes del sur del Orinoco señalan que la situación no es excepcional.
“Explotan a nuestros hermanos. Los manipulan porque muchos de ellos no tienen conciencia de lo que sacan y creen que son simplemente piedras negras”, señaló Rojas, de la etnia piapoco.
Los reportes en la zona indican que las tarifas han ido aumentando con el tiempo: hoy se paga entre 90 y 100 bolívares por kilogramo a pie de mina, una cifra cercana a 23 dólares si se aplica el cambio oficial.
Hay reseñas periodísticas -un equipo de la revista española GEO lo confirmó- que refieren que un monto similar se pagaba a un minero del Congo por kilogramo extraído en 2008.
Pero, desde luego, la situación de trabajo allá es diferente: la Organización de Naciones Unidas y algunas ONG han documentado que grupos armados controlan la mayoría de las minas de estaño, carbón, coltán, diamente y oro. Además, ejecutan reclutamientos forzados en las áreas mineras y explotan la mano de obra infantil, entre otros excesos.
Debido a la gravedad de los hechos, el Consejo de Seguridad emitió el 29 de noviembre una resolución la 1952- en la que exige a los países miembros controlar y comprobar el origen de los minerales, entre ellos el coltán, que entra en la cadena de comercialización de las empresas de sus países.
DAVID GONZÁLEZ | MINERÍA
Política | Economia
EL NACIONAL
