domingo, 19 de diciembre de 2010

MINERÍA: Denuncian explotación de indígenas en extracción de coltán


Wilson Rojas, legislador de Amazonas, afirma que los miembros de las etnias son manipulados para sacar el recurso estratégico.

Tarifas en alza desde 2008

 

La intervención fue realizada en la comunidad indígena Pavoni que está ubicada en el norte del estado Amazonas, a pocos kilómetros de la frontera con el oeste de Bolívar. Los terrenos habían sido tomados para la práctica de la extracción ilegal de coltán. Wilson Rojas, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Consejo Legislativo del estado, levantó un informe y coordinó el desalojo de la mina no autorizada con funcionarios de la Guardia Nacional.
El procedimiento se ejecutó, de acuerdo con Rojas, en agosto del año pasado. Estaba claro que no sólo personas ajenas al lugar habían participado en la explotación. “Les pagaban entonces 80 bolívares por kilogramo a la gente de la comunidad y ellos se incorporaron a esa actividad”.
Los grupos de compradores del material estratégico -del coltán pueden extraerse columbio y tantalio, metales de gran valor para la industria electrónica, militar, médica y de telecomunicaciones- utilizan a los indígenas como fuerza de trabajo. En particular, a piaroas y jibis o goajibos. Residentes del sur del Orinoco señalan que la situación no es excepcional.
“Explotan a nuestros hermanos. Los manipulan porque muchos de ellos no tienen conciencia de lo que sacan y creen que son simplemente piedras negras”, señaló Rojas, de la etnia piapoco.
Los reportes en la zona indican que las tarifas han ido aumentando con el tiempo: hoy se paga entre 90 y 100 bolívares por kilogramo a pie de mina, una cifra cercana a 23 dólares si se aplica el cambio oficial.
Hay reseñas periodísticas -un equipo de la revista española GEO lo confirmó- que refieren que un monto similar se pagaba a un minero del Congo por kilogramo extraído en 2008.
Pero, desde luego, la situación de trabajo allá es diferente: la Organización de Naciones Unidas y algunas ONG han documentado que grupos armados controlan la mayoría de las minas de estaño, carbón, coltán, diamente y oro. Además, ejecutan reclutamientos forzados en las áreas mineras y explotan la mano de obra infantil, entre otros excesos.
Debido a la gravedad de los hechos, el Consejo de Seguridad emitió el 29 de noviembre una resolución ­la 1952- en la que exige a los países miembros controlar y comprobar el origen de los minerales, entre ellos el coltán, que entra en la cadena de comercialización de las empresas de sus países.

DAVID GONZÁLEZ | MINERÍA
Política | Economia
EL NACIONAL
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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
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