Por Gustavo Fernández Colón*
La más grave faceta de la crisis por la que atraviesa el sistema capitalista mundial no es la quiebra de las corporaciones financieras, ni la recesión de la economía global, ni la deslegitimación de sus instituciones de control político. La mayor amenaza a la continuidad del modo de producción capitalista es la crisis ecológica causada por la devastación irracional de la naturaleza, hasta el punto de poner en riesgo la capacidad de autorregeneración de los ecosistemas de los que depende nuestra supervivencia.
Para muchos analistas, sin embargo, un nuevo ciclo largo de crecimiento económico estaría a punto de despegar gracias al empuje de países como China y la India, hoy convertidos en los mercados más apetecibles para el capital transnacional en razón de su abundante mano de obra barata y “desregulada”. Lo que no suelen revelar los analistas es que las altas tasas de crecimiento del PIB de China, superiores al 10% anual, resultan cifras engañosas si se toma en cuenta que no contemplan los gravísimos pasivos ambientales y sociales generados por el “socialismo de mercado” adoptado por esta nación desde 1979. En efecto, ya desde finales de los noventa, “el Banco Mundial calculó que la contaminación le cuesta al país el equivalente al 8% de su producción anual. Es decir, que el envidiable crecimiento de China (…) se ve prácticamente neutralizado por costos ambientales [y sociales] ocultos, como la reducción de la esperanza de vida y la disminución de la tierra cultivable” [1].
Pero no sólo las economías de China y la India se verán forzadas a incluir en su contabilidad, tarde o temprano, las inmensas pérdidas patrimoniales causadas por el calentamiento global y los desastres climáticos, el agotamiento y la contaminación del agua, la deforestación y la desertificación de los suelos, la contaminación química de los alimentos, la disminución de las reservas de peces silvestres, la extinción masiva de especies vegetales y animales, el agotamiento y carestía de las energías no renovables, la sobrepoblación y contaminación de las ciudades, los flujos migratorios y las pandemias; sino que todos y cada uno de estos pasivos ambientales deberán ser pagados, puntualmente, por la humanidad entera.
Las facturas generadas por el cambio climático, por ejemplo, ya han comenzado a alarmar a algunos sectores del capitalismo financiero como las empresas aseguradoras. En el año 2000 un grupo de investigadores dirigido por Andrew Dlugolecki, perteneciente al CGMU Insurance Group (el mayor grupo de compañías de seguros de Gran Bretaña), publicó un reporte según el cual los daños causados a la propiedad por el cambio climático a escala mundial, muestran una tasa de crecimiento del 10% anual. De mantenerse esta tendencia, para el año 2065 la curva ascendente de las pérdidas se cruzará con la curva de crecimiento del Producto Mundial Bruto, estimado en un 3% anual.
Esto significa que la magnitud de los daños materiales causados por el efecto invernadero será ese año idéntica al volumen de toda la riqueza producida en el planeta. Según Dlugolecki, mucho antes de que ambas líneas se crucen la economía global habrá caído en bancarrota [2].
Ante estas evidencias, resulta cada vez más incierta la posibilidad de que el capitalismo (motorizado por China, Estados Unidos o ambos) alcance un nuevo ciclo de expansión similar al ocurrido entre 1945 y 1970.
Del mismo modo, resulta absurdo pensar que sea factible transformar las relaciones sociales de producción imperantes y construir una nueva sociedad auténticamente equitativa, participativa y sustentable, utilizando los mismos patrones energéticos, tecnológicos y productivos desarrollados durante los últimos tres siglos por el sistema de dominación que se aspira transformar.
Este aparente callejón sin salida no implica que estemos condenados a la barbarie o que debamos rechazar de plano todo el legado científico-técnico de la modernidad. Lo que corresponde, ante esta disyuntiva, es estar precavidos frente al riesgo de naufragio que correría cualquier proyecto socio-político alternativo, al dejarse arrastrar por el afán de reproducción compulsiva de las fuerzas productivas desplegadas por el capitalismo, sin una evaluación crítica de sus efectos ecológicos, sociales, políticos y culturales. No olvidemos que el estrangulamiento de la democracia política y la autogestión obrera, en nombre de la prioridad conferida a la competencia tecnológica y armamentista con Occidente, fue una de las causas fundamentales del derrumbe o la involución de los más importantes ensayos socialistas del siglo XX.
El Buen Vivir
Vistos estos antecedentes, es importante examinar las respuestas al problema de la insustentabilidad ecológica del “progreso”, generadas por los movimientos políticos de izquierda que han conquistado el poder recientemente en América Latina.
Más allá de las diferencias filosóficas, programáticas y contextuales, un primer rasgo común de los nuevos gobiernos populares ha sido el énfasis en el rol del estado para frenar los desequilibrios sociales agudizados por las políticas de libre mercado implementadas en los años noventa. En la práctica, esto ha significado una mayor preocupación por la justicia social, el fortalecimiento de los servicios estatales de educación y salud, el énfasis en la soberanía económica y una mayor cooperación e integración entre los países de la región para tratar de zafarse de su subordinación histórica a los Estados Unidos.
Sin dejar de reconocer los méritos de este esfuerzo, observamos con preocupación que el problema de la insustentabilidad de nuestras economías todavía no constituye una prioridad para la mayor parte de los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana.
Categorías como “desarrollo”, “progreso” y “crecimiento económico” continúan orientando los objetivos de las políticas públicas; lo que no deja de resultar comprensible ante la urgencia de hacer crecer nuestras economías para distribuir la riqueza de una manera más equitativa y atender los problemas de la pobreza que aqueja a la gran mayoría de nuestra población.
Pero a pesar del predominio de la ideología desarrollista, es justo señalar que ha habido algunos logros significativos en la lucha por desprendernos de los mitos legitimadores de la modernidad capitalista y sentar las bases de un paradigma político auténticamente alternativo.
Un ejemplo lo tenemos en el principio del Buen Vivir, que sirve de fundamento a las Constituciones de Bolivia y Ecuador. El Buen Vivir o Sumak Kawsay, en lengua quechua, es una noción proveniente de la cosmovisión de los pueblos originarios de los Andes y la Amazonía, que alude a la vida comunitaria en armonía con la naturaleza y con la cultura o sabiduría de los ancestros. No tiene nada que ver con la ansiedad moderna de “vivir mejor”, ni con la ideología del crecimiento y el progreso ilimitados, pues responde a una visión del mundo completamente distinta a la ética capitalista que nos incita a competir con los otros para producir y consumir más, sin importar que por ello nuestros congéneres tengan que “vivir mal”. Como lo afirma Leonardo Boff:
“Por el contrario, el Buen Vivir apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad, y no solamente para el individuo. El Buen Vivir supone una visión holística e integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye además de al ser humano, al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales (…) en profunda comunión con la Pachamama” [3].
El Buen Vivir es una de las concepciones inspiradoras más originales de los procesos revolucionarios que están teniendo lugar en América Latina. Con base en esta filosofía, es posible caracterizar las líneas de fuerza fundamentales de la transición civilizatoria que nos permitirá salvarnos de la devastación capitalista y contribuir al florecimiento de las sociedades ecosocialistas del siglo XXI.
Cinco dimensiones de la transición
La primera dimensión de esta compleja transición sería el fin del ciclo de las energías contaminantes y no renovables (carbón, petróleo, gas, energía nuclear) y el inicio de la era de las energías limpias y renovables (eólica, solar, hídrica, geotérmica, mareomotriz, etc.). Otra transformación afín sería la sustitución de la agricultura industrial basada en el monocultivo y el uso de agrotóxicos y semillas transgénicas, por un nuevo modelo agrícola orientado hacia el cuidado de la diversidad biológica, los métodos orgánicos de cultivo, el rescate de los saberes y técnicas tradicionales de campesinos e indígenas y la autosuficiencia local. Asimismo, habría que proceder al reemplazo del automóvil individual por medios colectivos de transporte no contaminantes, que faciliten la reducción del tamaño de las ciudades; así como fomentar una cultura del reciclaje y el consumo frugal, que minimice el peso de nuestra “huella ecológica” sobre la Madre Tierra.
La segunda transición estaría signada por el paso desde la propiedad privada y la gestión vertical y autoritaria de los medios de producción, hacia distintas formas de propiedad colectiva y gestión participativa de la producción, la distribución y los servicios. Esta dimensión económica de la transformación en curso, tiene sus antecedentes en varios siglos de luchas populares para ponerle fin a la miseria y la exclusión provocadas por la “mano invisible” del mercado.
La tercera sería la transición de la representación a la participación como criterios rectores de la organización política de la sociedad. La crisis de los partidos y de la democracia delegativa apunta a la necesidad de construir una nueva institucionalidad, que dé respuesta a las aspiraciones de participación permanente de los pueblos en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo. En este contexto, la democracia participativa y la democracia directa son las tendencias que irrumpen como alternativas frente al viejo orden político agonizante en el horizonte del siglo XXI.
La cuarta transición se refleja en las luchas contemporáneas contra la homogeneización cultural, impuesta a sangre y fuego a partir del siglo XV con la colonización europea de América, África, Asia y Oceanía; e implantada, a partir del siglo XX, mediante las estrategias de seducción publicitaria desarrolladas por los medios de comunicación de masas. Frente a esta tentativa de aniquilación de las identidades populares, diversas expresiones de resistencia cultural se alzan para combatir las taras de la discriminación, el racismo y la xenofobia, y para propiciar el diálogo intercultural en un marco de respeto mutuo a las diferencias.
Por último, la quinta transición tiene que ver con el fin del ciclo histórico de predominio de las sociedades patriarcales y el establecimiento de nuevas relaciones de equidad entre los géneros, evidenciado en el protagonismo creciente de la mujer en el ejercicio de roles anteriormente reservados a los hombres y la reivindicación de los derechos civiles de las distintas identidades sexuales.
En síntesis, estas cinco tendencias y otras tantas que bullen en las entrañas del capitalismo senil, conforman el contexto donde el ecosocialismo irrumpe como expresión política de una ética, a la vez global y local, centrada en la responsabilidad compartida de preservar la continuidad de la vida sobre la Tierra, mediante la selección de patrones tecnológicos y energéticos respetuosos de la salud de los seres humanos y la naturaleza. Una ética que salvaguarde el derecho inalienable de los pueblos a transitar su propia senda hacia el bienestar colectivo, en concordancia con los saberes ancestrales y las identidades culturales autóctonas. Una ética que haga posible la construcción de un nuevo ordenamiento económico internacional equitativo y solidario, donde la miseria, la exclusión y la guerra fratricida se conviertan, más temprano que tarde, en vestigios de una etapa histórica superada por la humanidad.
* Profesor de la Universidad de Carabobo, Venezuela.
